El populismo injustificado
del concejal Molina.
El comentario en las redes sociales del
concejal de Igualtat, Joventut i Drets
Cívics del Ajuntament de Palma, Aligi
Molina, tildando de «racista» la campaña
de las patronales del comercio contra la
venta ambulante ilegal no se puede considerar
sólo desafortunado. El edil de Podemos se
equivoca gravemente al lanzar una acusación
de tal característica sin fundamento alguno.
Los comerciantes se quejan, y con razón, de la
permisividad con la que los responsables municipales
abordan la proliferación de la venta
ilegal en los enclaves de mayor tránsito de turistas.
Éste es el objeto de la crítica y no la procedencia
de quienes la practican. El error de
apreciación por parte de Molina ha sido de
bulto y merece, sin duda, el reproche del responsable
del gobierno municipal, el alcalde
Antoni Noguera.
La argumentación del concejal es primaria e
inconsistente. El comercio tradicional, al que se
pretende dar apoyo desde el mismo Ajuntament,
es la primera víctima de los cambios en
los hábitos de consumo y su impacto en el tejido
comercial de Palma es más que evidente. Es
lógico, por tanto, que se denuncie una clara
competencia desleal como es la venta ambulante
sin ningún tipo de permisos ni control. Es
una actividad comercial que no tributa y que,
en muchas ocasiones, ofrece productos falsificados.
El que sea ejercida por inmigrantes, en
situación irregular o no, no justifica la inacción
deliberada de la Administración.
La ausencia de una mínima rectificación por
parte del concejal indica que éste plantea un
auténtico pulso político al alcalde Noguera; una
pugna interna del gobierno en Cort entre Podemos
y Més. El desenlace de la petición de cese
de Molina, solicitado por las patronales del sector
(CAEB, PIMEM, Pimeco y Afedeco) y el PP,
dirá mucho de cómo se quiere abordar el problema
de la venta ambulante ilegal en Palma.