Seguimos sorprendidos de la actitud y el comportamiento del regidor Aligi Molina que antepone su persona y su cargo ante los intereses generales y que de forma irresponsable falta el respeto al sector comercial.

 

 

Ultima Hora JUEVES, 23 DE AGOSTO DE 2018

El populismo injustificado

del concejal Molina.

EDITORIAL

El comentario en las redes sociales del

concejal de Igualtat, Joventut i Drets

Cívics del Ajuntament de Palma, Aligi

Molina, tildando de «racista» la campaña

de las patronales del comercio contra la

venta ambulante ilegal no se puede considerar

sólo desafortunado. El edil de Podemos se

equivoca gravemente al lanzar una acusación

de tal característica sin fundamento alguno.

Los comerciantes se quejan, y con razón, de la

permisividad con la que los responsables municipales

abordan la proliferación de la venta

ilegal en los enclaves de mayor tránsito de turistas.

Éste es el objeto de la crítica y no la procedencia

de quienes la practican. El error de

apreciación por parte de Molina ha sido de

bulto y merece, sin duda, el reproche del responsable

del gobierno municipal, el alcalde

Antoni Noguera.

Acabar con la impunidad.

La argumentación del concejal es primaria e

inconsistente. El comercio tradicional, al que se

pretende dar apoyo desde el mismo Ajuntament,

es la primera víctima de los cambios en

los hábitos de consumo y su impacto en el tejido

comercial de Palma es más que evidente. Es

lógico, por tanto, que se denuncie una clara

competencia desleal como es la venta ambulante

sin ningún tipo de permisos ni control. Es

una actividad comercial que no tributa y que,

en muchas ocasiones, ofrece productos falsificados.

El que sea ejercida por inmigrantes, en

situación irregular o no, no justifica la inacción

deliberada de la Administración.

Pulso político.

La ausencia de una mínima rectificación por

parte del concejal indica que éste plantea un

auténtico pulso político al alcalde Noguera; una

pugna interna del gobierno en Cort entre Podemos

y Més. El desenlace de la petición de cese

de Molina, solicitado por las patronales del sector

(CAEB, PIMEM, Pimeco y Afedeco) y el PP,

dirá mucho de cómo se quiere abordar el problema

de la venta ambulante ilegal en Palma.