Empresarios de Magaluf se alzan contra la «inseguridad jurídica» de la ley de excesos

Los empresarios del ocio nocturno de Magaluf reclamarán a los nuevos gobiernos surgidos del pasado 28-M un «cambio profundo» en la aplicación de la normativa municipal que les afecta, pero especialmente una reforma en la ley de excesos autonómica. Quieren de esta forma terminar con una situación que ha provocado, durante los últimos dos años, cierres de locales que entienden como «arbitrarios», además de generar una discriminación «inaceptable» entre los negocios ubicados dentro y fuera de la llamada ‘zona de excesos’.

Se trata, en primer lugar, de acabar con una inseguridad jurídica que castiga a las tres áreas de excesos –ubicadas en la Platja de Palma, Sant Antoni de Portmany y Magaluf–, pero que castiga con más fuerza a la localidad calvianera. Allí, la Ordenanza de Convivencia permite que se ejecute el cierre de un bar, restaurante o discoteca de forma inmediata, atendiendo únicamente al criterio del agente de policía. Así lo denuncia uno de los abogados que más casos de este tipo acumula en su despacho, y que subraya las «cuantiosas pérdidas económicas» a las que se están enfrentando los empresarios, que quedan «totalmente indefensos» ante el «poder desmesurado» otorgado por la norma a los agentes del orden.

En este sentido, algunos negocios han visto cómo supuestas irregularidades les obligaban a bajar la barrera «durante varios días». Después, con miles de euros de pérdidas en la caja, el Departamento de Actividades puede dar la razón al empresario, que reabre el negocio tras un «grave perjuicio» del cual «nadie responde». La enorme discrecionalidad existente, unida a la falta de literalidad de la ley de excesos, ha provocado casos tan llamativos como el de la discoteca Temple, precintada después de que un agente entendiera como cosificación de la mujer el baile de una gogó a las puertas del establecimiento, algo prohibido en el artículo 7. Sin embargo, la norma –de origen autonómico, pero con la potestad sancionadora transferida al Ajuntament de Calvià– no detalla en ningún punto de su texto qué casos suponen una cosificación, algo que ha provocado que durante dos veranos las bailarinas pudieran trabajar sin problemas, hasta que la interpretación de un policía ha dejado en la calle a las chicas que –de forma voluntaria– se ganaban la vida con el baile.

Fofo Robledo, desde CAEB Restauración, y Pepe Tirado, como presidente de Acotur, tienen claro que se debe acometer una importante reforma tanto del fondo de esa norma como de la manera en la que se aplican las sanciones, calificadas como de grado medio desde el primer incumplimiento, algo que –según subraya Tirado– atenta contra los principios de la ley de actividades de Baleares. Así, se imponen «a las primeras de cambio» multas astronómicas que rebasan fácilmente los 50.000 y 60.000 euros, y que dificultan la supervivencia de los pequeños negocios. «Hay empresarios que ya prevén que entre un 20 y un 30 % de sus ingresos irán destinados a afrontar sanciones», señala uno de estos letrados, que lamenta el «afán recaudatorio» mostrado hasta la fecha por la administración.


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